En los países democráticos, al reconocerse la libertad de religión y darse un pluralismo de confesiones religiosas, lo normal es que el Estado sea laico o aconfesional, es decir, que no privilegie ninguna religión en especial.
España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
Esta libertad de expresión está muy ligada al pluralismo político.
No en vano, el pluralismo es también un valor superior del ordenamiento jurídico.
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