En este clima de enfrentamiento, las autoridades civiles y militares de Barcelona practicaron también un auténtico terrorismo de Estado, al servicio de la patronal, con la aplicación de la conocida como «ley de fugas», que autorizaba a los cuerpos armados a disparar contra un detenido que intentara fugarse.
La patronal catalana, por su parte, respondió con igual dureza: frente a la huelga obrera, el lock-out o cierre temporal de la empresa por decisión del dueño; y frente a la acción directa o «terrorismo rojo», el «terrorismo blanco» o contratación de pistoleros y bandas armadas para asesinar a dirigentes obreros y sindicales .
Por otra parte, la experiencia de la Semana trágica hizo ver a los anarquistas la necesidad de una organización sindical propia, si pretendían combatir con mayor e fi cacia al poder del Estado y a la patronal.
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