A los que se sometieron voluntariamente a los musulmanes se les respetaron sus derechos y sus tierras a cambio del pago de los tributos correspondientes.
A mediados de siglo se destinaba más de la mitad de las rentas ordinarias de la Hacienda Real al pago de intereses de la deuda pública; y a fi nales de siglo, todas ellas, por lo que la monarquía dependía por completo de los caudales de Indias (el quinto real y otros impuestos americanos) y de los servicios extraordinarios aprobados por las Cortes.
Además, la presión exterior ejercida por Castilla obligó a los reyes granadinos a practicar una política que basculaba entre la guerra y la paz; esta última a cambio del pago de parias y el reconocimiento de vasallaje al rey de Castilla.
Aprobada por la mayoría del Congreso, incluido el PP, la nueva redacción del artículo establecía como obligación prioritaria por parte del Estado el pago de la deuda pública frente a cualquier otro gasto de los presupuestos generales.
Como reformador social, distribuyó el pueblo en siete clases sociales, según su fortuna, para el pago de impuestos.
Como ya se ha estudiado, Olivares quiso resolver tan caótica situación emprendiendo reformas profundas, como el proyecto de red de erarios o la Unión de Armas, pero las di fi cultades y los imperativos de la guerra obligaron a buscar con urgencia nuevas fuentes de ingresos –algunas de ellas ya utilizadas en el siglo xvi –, que afectaron sobre todo a Castilla : alteración del valor de las monedas, creación de nuevos impuestos, exigencia de donativos a la nobleza, venta de cargos públicos, venta de títulos nobiliarios, conversión de tierras de realengo en nuevos señoríos para su venta, etc. No obstante, todos estos recursos solo sirvieron para atender las necesidades inmediatas (gastos militares, pago de intereses a los banqueros), pero no fueron su fi cientes para atajar el progresivo endeudamiento de la Hacienda Real.
Cuando los intereses de los créditos empezaron a subir y el precio de las viviendas a bajar, muchas de las personas que habían contraído esos créditos no pudieron hacer frente al pago de los mismos ni siquiera poniendo a la venta sus viviendas.
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El alto coste de los servicios públicos, sufragados por la ciudadanía a través del pago de impuestos.
El oro y la plata eran acuñados en la Ceca o Casa de la Moneda de Sevilla; una parte era para la Corona (el quinto real y otros impuestos) y otra se destinaba al pago de las mercancías enviadas en el viaje de ida a América.
El problema radicaba en que cuanto mayor era la cantidad de deuda publica contraída, mayores eran también los gastos que el Estado debía destinar al pago de intereses.
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En conclusión, el oro y la plata de América llegaban primero a Sevilla, pero acababan enriqueciendo a los extranjeros, ya que en su mayor parte se destinaban a dos fi nes: el pago de las deudas contraídas por la Corona con la banca europea, y el pago de las mercancías extranjeras enviadas a América.
Era frecuente que los municipios tuvie- ran la propiedad de ciertas tierras, que podían ser de aprovechamiento común y gratuito de todos los vecinos ( «bienes comunales», como prados, bosques, etc.) o tierras de labor cedidas para su explotación a particulares a cambio del pago de una renta al municipio ( «bienes de propios» ).
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Generalmente consistía en la entrega de tierras a soldados veteranos en pago por su servicio militar.
La Iglesia y la nobleza explotaban directamente solo una pequeña parte de sus tierras, y el resto las arrendaban a campesinos, en pequeñas parcelas, a cambio del pago de una renta y por un plazo limitado (diez años como máximo en Castilla).
La Ley de Ferrocarriles propiciaba la creación de sociedades anónimas ferroviarias que se encargarían de la construcción y explotación de los diferentes tramos de la red; asimismo, preveía el pago de subvenciones e, incluso, permitía la importación de materiales ferroviarios.
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Los ingresos eran insu fi cientes precisamente por la falta de equidad de los impuestos, ya que quienes más riqueza tenían –los grandes terratenientes y la burguesía comercial, industrial y fi nanciera– contribuían muy por debajo de la proporción correspondiente a su capacidad de pago.
Otros funcionarios de una colonia eran los duunviros quinquenales, elegidos cada cinco años para elaborar el censo de ciudadanos y de su patrimonio, a efectos electorales y para el pago de los impuestos; los cuestores, que administraban las finanzas municipales, y los seviros augustales, encargados del culto al emperador, que a menudo había sido divinizado.
Pero su éxito fue a la larga la causa de su fracaso, pues en el reinado siguiente (el de Carlos IV) las di fi cultades incitaron a abusar de esta medida hasta tal punto que la Corona ya no podía atender el pago de los intereses, con lo que los vales reales eran rechazados y empezaron a perder su valor.
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Sin embargo, el pago de esta ayuda ha sido uno de los temas más polémicos de la historia reciente de España, ya que se hizo mediante el depósito en Moscú de las reservas de oro del Banco de España, sin que al fi nal de la guerra se restituyera nada.
Su interés particular puede hablarle de forma totalmente diferente a como lo hace el interés común; su existencia absoluta y naturalmente independiente puede llevarlo a pensar que lo que debe a la causa común es una contribución gratuita, y que para él es más oneroso el pago que para los demás perjudicial la pérdida y, considerando a la persona moral que forma el Estado como un ser racional puesto que no es un hombre, disfrutaría de los derechos cívicos sin querer cumplir los deberes del súbdito, injusticia que acabaría produciendo la ruina del cuerpo político».
Su principal diferencia respecto a estos era que podían romper dicha adscripción mediante el pago de una cantidad de dinero (la remensa ).
Sus aportaciones en material militar alcanzaron una elevadísima cifra, cuyo plazo y modalidad de pago fueron negociados sin problemas con los dos países.
Valorar el pago de los impuestos como una manifestación de justicia distributiva y una actitud de solidaridad.
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