A esto hay que añadir la necesidad de cumplir con las normativas y la legislación vigente, en especial, en materia ecológica.
A pesar de que España se encuentra entre los países que generalmente se adhieren a la mayoría de los compromisos internacionales, a la hora de aplicar las normativas también aparecen deficiencias, que son denunciadas por informes de distintas organizaciones.
D. A las normativas de control de las autoridades del país.
En estas zonas las autoridades deben dictar normativas para que los edificios que se construyan sean sismorresistentes.
Las autoridades locales han elaborado ordenanzas municipales en las que se establecen los niveles máximos de ruidos admitidos y los criterios de prevención de tales ruidos en los diversos ámbitos de aplicación: en la planificación urbana, en las construcciones, en el comportamiento de los ciudadanos en las viviendas y en la vía pública, en los trabajos realizados en las vías públicas, en los producidos por vehículos de motor, en los que son consecuencia de actos, celebraciones y manifestaciones públicas, etc. Estas normativas, en los países que forman parte de la Unión Europea, se basan en las directivas que a tal efecto establecen los órganos competentes de la Unión.
Las normativas y directivas, tendentes a la prevención de la contaminación acústica, no bastan para conseguir esta moderación en la emisión de los ruidos.
Los organismos competentes han establecido normativas y disposiciones tendentes a prevenir el aumento de ruidos y a corregir los excesos ya existentes.
Son los distintos estados, así como sus administraciones autónomas y locales, las cuales se encuentran más cerca de los procesos que pueden presentar irregularidades, las que deben velar por el cumplimiento de las normativas medioambientales que hayan sido aceptadas a nivel mundial.
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