Así pues, el régimen señorial, característico de la península Ibérica, no se diferenciaba en lo esencial del feudalismo europeo: a En el plano jurídico, implicaba un traspaso de competencias del rey (gobierno, justicia, cobro de tributos, etc.) a los titulares del señorío.
Así, los Estados democráticos reconocen y tutelan los derechos humanos, y concretan los deberes y derechos de sus ciudadanos en su ordenamiento jurídico.
El concepto de legalidad hace referencia a dichas normas, que forman el ordenamiento jurídico de un Estado y cuyas características son las que siguen.
El término jurídico hace referencia a lo perteneciente al derecho objetivo como conjunto de normas.
En consecuencia, no tenía derecho jurídico alguno y podía ser vendido, arrendado o dado.
En este sentido, la Constitución de nuestro Estado reconoce que la justicia es un valor superior del ordenamiento jurídico.
España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
Esta peregrina consecuencia puso al descubierto los límites del formalismo jurídico y, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, la ONU impulsó el reconocimiento de los derechos humanos como criterios fundamentales de justicia, basados en el derecho natural.
Este conjunto de leyes también se conoce como ordenamiento jurídico.
Hombre ( homo, en latín) es todo aquel que pertenece biológicamente a la especie humana; persona es quien, además de ser hombre, tiene o adquiere el estatus jurídico y social de ciudadano romano libre.
Jurídico Se expresa a través de leyes o normas jurídicas promulgadas por el Estado, por las que ordena la vida social.
La justicia está autocontenida en el derecho positivo, más allá del cual no existe lo jurídico.
La legitimidad es un concepto filosófico, superior y más relevante que el concepto jurídico de legalidad, pues sirve para juzgar si una norma jurídica es justa o si el poder político se ejerce según criterios de justicia.
Legalidad y dereco positivo La legalidad es un concepto jurídico o del derecho.
Los conceptos de Estado y nación no se identifican necesariamente, sino que se mueven en planos diferentes: el plano cultural, en el caso de la nación; el plano jurídico, en el caso del Estado.
No en vano, el pluralismo es también un valor superior del ordenamiento jurídico.
No podrán ser fundamento de privilegio jurídico: la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas ni las creencias religiosas.
Nuestra Constitución, en su primer artículo, establece que la justicia se considera, más que una norma jurídica, un valor superior del ordenamiento jurídico.
Pero en tanto no se estableciese en la nueva Constitución el marco jurídico en que debían desenvolverse los nuevos gobiernos autónomos, solo quedaba la posibilidad de restablecer parcialmente –como preautonomías – las instituciones regionales establecidas durante la Segunda República y disueltas por el franquismo.
Por esta razón la guerra se convirtió no solo en una lucha por el trono entre dos miembros de la familia real, sino también en un enfrentamiento entre dos modelos de Estado: el absolutista y el liberal, con todo lo que cada uno de ellos acarreaba en los planos político, jurídico, económico y social.
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