El primer riesgo radica en el uso injusto del poder que la tecnolo-gía proporciona.
En los casos de un ejercicio ilegítimo o injusto del poder, se suelen usar términos como totalitarismo, dictadura, despotismo o tiranía.
Es injusto atribuir defectos o despreciar a una persona porque no ha nacido en nuestro país, porque es de otra raza o porque habla otro idioma.
Frente a lo verdadero, lo falso; frente a lo moralmente justo, lo moralmente injusto; etc. El antivalor es una cualidad de signo negativo opuesta diametralmente al valor positivo.
La clase dominante impone unas normas que sostienen un sistema económico injusto, con dominadores y dominados.
La voluntad general juzga infaliblemente sobre lo que es justo o injusto para el colectivo social.
Por consiguiente, la voluntad general no se puede equivocar y todos los ciudadanos se deben sentir identi fi cados con ella, porque les proporciona el criterio objetivo sobre lo justo y lo injusto en el colectivo social, de manera semejante a como la conciencia es juez infalible sobre el bien y el mal del obrar individual.
Por esta razón es injusto dejarse llevar por los prejuicios sexistas que sitúan a las mujeres en inferioridad de condiciones respecto a los hombres en el ámbito laboral, en el reconocimiento social o, simplemente, en el lenguaje cotidiano.
Por este motivo es injusto despreciar a los que tienen pocos recursos, o hacer ostentación de lo que poseemos, y más aún si no se ha conseguido por méritos propios.
Sin embargo, el ser humano es el único animal que posee la palabra, con la que puede manifestar lo justo y lo injusto; esta comunicación es lo que establece la sociedad.
Sin embargo, sería injusto no reconocer el valor de aquellos otros que hicieron un análisis lúcido de la situación española y plantearon soluciones razonables e inteligentes.
Todos deberíamos valorar más positivamente la aportación de las personas mayores a la familia y a la sociedad, y sería injusto e inhumano no tratarlas con el respeto que merecen.
Y al faltar los medios normales de expresión de la verdad, se convierte en delito lo que de suyo no es más que el ejercicio de un derecho: así ha podido ocurrir que hayan sido detenidas personas por haber repartido hojas no autorizadas, en las que no se decía nada falso ni injusto, sino al contrario, cosas que el propio Gobierno tiene el deber de decir o permitir que se digan y que durante años viene silenciando.
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