Como Felipe II no podía violar los fueros aragoneses, acusó a Antonio Pérez de un falso delito de herejía para que pudiera detenerlo la Inquisición, cuyas actuaciones no estaban limitadas por ninguna jurisdicción territorial.
De esta forma se consiguió en gran medida la monarquía unitaria a la que había aspirado el conde duque de Olivares en la centuria anterior; aunque se mantuvieron los fueros e instituciones vascos y navarros, por la fi delidad de estos territorios al bando borbónico durante la Guerra de Sucesión.
El [remedio] que debemos pedir, trasladando al papel nuestros votos, y el de nuestras provincias, es con arreglo a las leyes, fueros, usos y costumbres de España.
El con fl icto entre las pretensiones absolutistas de Felipe II y la defensa de los fueros del Reino de Aragón se desencadenó a partir de un turbio asunto: la traición de Antonio Pérez, secre- tario de Felipe II.
En cualquier caso, el proyecto fracasó por la oposición de las Cortes de la Corona de Aragón, que recelaban de una monarquía a la que consideraban ajena y de una medida que iba en contra de lo establecido en sus fueros.
Lo desempeñaba un miembro de la nobleza designado por las Cortes y su función primordial consistía en la interpretación y defensa de los fueros propios de Aragón, en especial frente a posibles pretensiones autoritarias de la monarquía.
Los aragoneses consideraron esto como una intromisión de la monarquía y una violación de los fueros y privilegios de Aragón, por lo que el pueblo se amotinó e impidió el traslado de Antonio Pérez a la cárcel inquisitorial.
Por otra parte, determinadas localidades o territorios de un mismo reino podían disfrutar de fueros propios que otorgaban derechos o privilegios especí fi cos a sus habitantes.
Por otra parte, el cargo de Justicia Mayor se encargaba de garantizar el respeto a los fueros de este reino frente a los abusos o intromisiones del rey o sus representantes, por lo que era una fi gura altamente considerada entre la población aragonesa.
Sin embargo, a pesar de estos intentos de organización, la administración de justicia adolecía de graves inconvenientes y di fi cultades, como la considerable extensión de los lugares de señorío, que en muchos asuntos quedaban fuera de la jurisdicción real; y en las tierras de realengo, la gran diversidad de fueros locales y de normas, a menudo confusas y contradictorias entre sí.
Unos y otros aspiraban al restablecimiento de una monarquía católica y autoritaria, pero mientras los carlistas carecían de candidato de fi nido para el trono –el último titular de la rama carlista había muerto sin sucesión directa– y defendían la tradición de los fueros locales, los juanistas optaban claramente por la continuidad de la línea dinástica reinante en España y rechazaban cualquier forma de autonomía, incluidos los fueros locales tradicionales.
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