Con estos planteamientos, se puede deducir que Hume sintonizó con las ideas de Locke y Montesquieu acerca de la división de poderes en el Estado, pues cada uno de los poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) debería recaer sobre instituciones completamente separadas.
Desaconsejó, por tanto, la división del poder en partes: legislativo, ejecutivo y judicial.
Ejecutivo: debe hacer que se cumplan esas leyes y, a su vez, someterse a ellas.
El Estatuto que fi nalmente aprobó el parlamento español recortaba y modi fi caba en parte el proyecto catalán, pero en líneas generales fue bien aceptado: a Se creaba un gobierno autónomo –la Generalitat – compuesto de tres órganos: un Parlamento, un Consejo Ejecutivo –equivalente a un consejo de ministros– y un presidente.
El poder municipal ejecutivo residía en los dos duunviros, cargos de duración anual.
El ejecutivo es designado por el soberano y su misión es administrar las leyes emanadas por él, aplicarlas a las personas y acciones particulares, haciendo que todos las acaten y cumplan.
El protagonismo de la prensa, la radio y la televisión en la formación de la opinión pública ha llevado a hablar de los mass media como del cuarto poder, junto a los poderes públicos del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial.
En la forma de gobierno despótica, los poderes legislativo y ejecutivo están unidos, de manera que la voluntad pública se reduce a la voluntad individual del gobernante.
En todo Estado se pueden distinguir tres poderes fundamentales: el legislativo, encargado de la elaboración de las leyes por las que se ha de regir la sociedad; el ejecutivo, o gobierno efectivo del Estado; y el judicial, o administración de justicia, que garantiza el cumplimiento de las leyes y sanciona a quienes no las observan.
Entretanto, el poder ejecutivo lo seguía manteniendo el gobierno provisional .
Fuera del gobierno quedó el Partido Radical –que había formado parte del gobierno provisional–, ya que su líder, Alejandro Lerroux, se negaba a participar en un ejecutivo con miembros socialistas y Azaña no estaba dispuesto a excluirlos y perder así el apoyo popular.
La forma de gobierno republicana se caracteriza por el hecho de que en ella se separa el poder legislativo del ejecutivo.
Le corresponde el poder ejecutivo.
Los poderes públicos —poder legislativo, ejecutivo y judicial— están atribuidos a órganos del Estado elegidos democráticamente, de modo que las funciones del rey son puramente simbólicas.
No conviniendo queden reunidos el Poder legislativo, el ejecutivo y el judiciario, declaran las Cortes generales y extraordinarias que se reservan el ejercicio del Poder legislativo en toda su extensión.
No es posible, por tanto, dividir el poder en legislativo y ejecutivo, como había propuesto Locke.
Para Rousseau, como también para Locke y Hume, el gobierno reside, ante todo, en el poder legislativo y no en el poder ejecutivo, puesto que este último se ha de limitar a seguir las leyes elaboradas por el legislativo.
Pedimos la constitución de un Gobierno provisional, que asuma los poderes ejecutivo y moderador y prepare, previas las modificaciones imprescindibles en una legislación viciada, la celebración de elecciones sinceras de unas Cortes Constituyentes que aborden, en plena libertad, los problemas fundamentales de la Constitución política del país.
Poder ejecutivo, que representa la fuerza institucionalizada del Estado, ejercido por el Gobierno y la Administración Pública.
Poder ejecutivo, que se debe poner en manos de unos pocos senadores.
Por el contrario, según Rousseau, se crea un soberano idéntico a las partes contratantes consideradas en su conjunto; solo con posterioridad al contrato, el soberano —es decir, los ciudadanos en su totalidad— designan un poder ejecutivo, que no es absoluto, puesto que depende de ese soberano o conjunto de los ciudadanos.
Se suelen celebrar elecciones independientes al poder legislativo y al poder ejecutivo.
Sin embargo, en la monarquía absoluta no existía división de poderes, pues todos recaían en una sola persona (el monarca), que los ejercía sin límites ni restricciones (de forma absoluta), directamente o delegando en subordinados que actuaban en su nombre: el monarca elaboraba y promulgaba las leyes (poder legislativo), gobernaba (poder ejecutivo) y era el juez supremo (poder judicial).
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