Como la situación de España y Portugal reúne, por desgracia, todas las circunstancias a que hace referencia este tratado, las Altas Partes Contratantes, confiando a Francia el cargo de destruirlas, le aseguran auxiliarle del modo que menos pueda comprometerles con sus pueblos, y con el pueblo francés, por medio de un subsidio de veinte millones de francos anuales cada uno, desde el día de la ratificación de este tratado, y por todo el tiempo de la guerra.
Como no puede ponerse en duda que la libertad de imprenta es el medio más eficaz que emplean los pretendidos defensores de los derechos de las Naciones para perjudicar a los de los Príncipes, las Altas Partes Contratantes prometen recíprocamente adoptar todas las medidas para suprimirla, no solo en sus propios Estados, sino también en todos los demás de Europa.
Estando persuadidos de que los principios religiosos son los que pueden todavía contribuir más poderosamente a conservar las Naciones en el estado de obediencia pasiva que deben a sus Príncipes, las Altas Partes Contratantes declaran que su intención es la de sostener cada una en sus Estados las disposiciones que el Clero por su propio interés esté autorizado a poner en ejecución, para mantener la autoridad de los Príncipes, y todas juntas ofrecen su reconocimiento al Papa, por la parte que ha tomado ya relativamente a este asunto, solicitando su constante cooperación con el fin de avasallar las Naciones.
Las Altas Partes Contratantes, [...] se obligan del modo más solemne a emplear todos sus medios, y unir todos sus esfuerzos, para destruir el sistema de gobierno representativo de cualquier Estado de Europa donde exista, y para evitar que se introduzca en los Estados donde no se conoce.
Los súbditos de los altos contratantes serán tratados, relativamente al comercio y a las imposiciones en los dominios de cada uno en Europa, como los propios súbditos del país adonde llegasen o residiesen; de suerte que la bandera española gozará en Francia los mismos derechos y prerrogativas que la bandera francesa, así como la bandera francesa será tratada en España con el propio favor que la española.
Por el contrario, según Rousseau, se crea un soberano idéntico a las partes contratantes consideradas en su conjunto; solo con posterioridad al contrato, el soberano —es decir, los ciudadanos en su totalidad— designan un poder ejecutivo, que no es absoluto, puesto que depende de ese soberano o conjunto de los ciudadanos.
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